En materia de desarrollo económico, es fundamental crear al menos 200 nuevas patentes de banca regional que otorguen créditos al desarrollo con tasas de interés no superiores al 12% anual. Estos créditos deberán ser evaluados a fondo por comités multidisciplinarios que garanticen que los recursos se destinen a proyectos que fortalezcan el ciclo de la riqueza en México. Además, esta banca contará con fondos de garantía públicos de segundo nivel, cubriendo hasta el 20% del capital acreditable. Se establecerá un límite para los créditos al consumo, que no podrá superar el 20% anual sobre el capital, y se exigirá que al menos el 60% de los créditos otorgados por la banca no nacional se destinen a proyectos de desarrollo.
En cuanto al municipalismo, se propone eliminar estructuras arcaicas como los ayuntamientos y cabildos, así como el límite territorial denominado fondo legal. En su lugar, se establecerán gobiernos con representación en un consejo, cuyos integrantes serán elegidos por demarcaciones municipales. En las elecciones municipales, los ciudadanos podrán elegir representantes sin intervención de partidos políticos, en sustitución de los antiguos regidores o síndicos. Además, en áreas de crecimiento urbano, se crearán comités metropolitanos responsables de planear y ejecutar estrategias de desarrollo.