En materia de seguridad pública, sostenemos de manera contundente que las fuerzas del Estado deben prevalecer. Si es necesario, se deben suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales para desarmar de forma inmediata al narcotráfico. No se trata de incrementar la población carcelaria, sino de reducir la capacidad de fuego de los grupos criminales mediante una estrategia militar que devuelva el control al Estado.

Asimismo, es fundamental analizar a fondo el origen del problema, reconociendo que el alto consumo de drogas en Estados Unidos es el principal motor de producción y tráfico en México. Debe considerarse la implementación de una justicia transicional para aquellas personas que, por falta de alternativas, han incurrido en delitos bajo un marco legal que hasta ahora ha demostrado ser ineficaz.

Es necesario despenalizar el consumo de plantas endémicas y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control para evitar el ingreso de drogas provenientes de otras naciones. En resumen, un narcotráfico sin armas, sin control sobre los productos endémicos y con un sistema de justicia transicional bien estructurado permitirá contener el problema de manera efectiva.