El sistema nacional de salud debe integrarse de manera absoluta, separando su presupuesto de otras funciones del Estado. Además, es fundamental promover una cultura de medicina preventiva, lo que implica la presencia de personal médico en escuelas, centros de trabajo y diversas zonas geográficas para realizar revisiones periódicas a toda la población. Esto permitirá generar un expediente único digital y detectar a tiempo enfermedades crónico-degenerativas, reduciendo así su alto costo para el sistema de salud.
Asimismo, el Estado debe impulsar una campaña masiva sobre alimentación saludable y actividad física, lo que impactará directamente en la reducción de los índices de obesidad. Esto debe ir acompañado de una regulación estricta en los contenidos de azúcares y grasas en los alimentos.
Para garantizar un sistema de salud integral, se deberá destinar el 8% del PIB, comenzando con una evaluación y optimización de la infraestructura existente, incluyendo tanto el sector público como el privado. El primer nivel de atención ofrecerá consultas a la población abierta, cubiertas por el Estado. Además, se asegurará el financiamiento público de los institutos especializados y se creará un censo general de personas con enfermedades graves, quienes recibirán apoyos especiales financiados a través de un porcentaje de la recaudación de impuestos.